España: viviendas, tres historias, muchas preguntas

La crisis de la vivienda y una batalla política que deja fuera de foco otros problemas de España

Madrid, 2 de octubre de 2026. Hay días en los que la política consigue que un solo asunto parezca contener el país entero. Hoy es la vivienda. Importa, pero precisamente por eso conviene mirar más lejos del Congreso, de los titulares y de la última votación. Quizá la pregunta no sea solamente qué ha ocurrido con los decretos. Quizá sea otra: ¿qué problemas dejamos de mirar cuando toda la política decide mirar el mismo asunto?

Durante los últimos días he escrito en Kambio Positivo.com dos artículos que ahora forman parte de una misma historia. El 25 de septiembre, «El caso Maricarmen: lo que sabemos, lo que se disputa y lo que queda sin responder». El 28, «La crisis de la vivienda: la casa que España dejó de construir». El primero ponía nombre y rostro al problema. El segundo explicaba que no había nacido con Maricarmen. Hoy, 2 de octubre, el Congreso ha rechazado los dos decretos de vivienda del Gobierno. La historia ha pasado, en una semana, de una persona a una estructura y de la estructura a la batalla parlamentaria.

Maricarmen no empezó la crisis

El caso de Maricarmen tiene una fuerza evidente porque tiene rostro: una mujer de edad avanzada, una vivienda, un desahucio y una larga historia detrás. Es comprensible que despierte solidaridad y movilización. Pero una cosa es la dimensión humana de un desahucio y otra convertirlo automáticamente en explicación de toda la crisis inmobiliaria. Maricarmen puede ser un símbolo. No puede explicar por sí sola por qué miles de familias tienen dificultades para acceder a una vivienda.

La crisis estaba ahí antes y seguirá ahí después de que los focos abandonen el caso.

España dejó de construir el colchón que necesita

La pregunta del 28 de septiembre era menos emocional y más incómoda: ¿cuántas viviendas necesita España y cuántas está construyendo donde realmente se necesitan? Durante décadas, el país desarrolló un modelo muy orientado a la propiedad. La vivienda pública de alquiler nunca alcanzó el peso de otros países europeos. Cuando la demanda se concentra en ciudades y zonas costeras, aumentan los hogares y comprar resulta inaccesible para una parte de la población, el mercado acaba mostrando la consecuencia.

No basta con pedir que bajen los alquileres. Hay que preguntarse dónde están las viviendas, cómo se construyen, quién las promueve, con qué suelo y cuánto tarda una administración en ponerlas en circulación. Porque una vivienda que no existe no puede alquilarse barata por decreto. Eso no significa que regular los alquileres sea inútil. Significa que regulación y oferta son partes distintas de una misma cuestión.

Y entonces llegó el Congreso

El Gobierno aprobó el 29 de septiembre dos reales decretos-ley de vivienda. El primero incluía limitaciones temporales a determinadas adquisiciones, protección frente a determinados desahucios, refuerzo del parque público y medidas de vivienda asequible. El segundo modificaba la regulación de los contratos para reforzar su estabilidad y establecer nuevas condiciones de prórroga.

Hoy ambos textos han caído en el Congreso. El Gobierno sostiene que defiende el derecho a la vivienda. Junts considera insuficientes las medidas y ha mantenido su rechazo. PP y Vox también han votado en contra. Cada actor tiene su explicación y sus intereses políticos.

Ahí empieza el trabajo del periodista.

La vivienda también es política

No hace falta afirmar que alguien ha inventado el problema para reconocer que los partidos tienen incentivos para utilizarlo. El Gobierno puede convertir la caída de los decretos en un argumento contra quienes los rechazaron. La oposición puede presentar la votación como prueba de la debilidad del Ejecutivo. Junts puede reivindicar su posición negociadora. Y los movimientos de inquilinos pueden utilizar el caso de Maricarmen para mantener la presión social. Nada de esto demuestra una conspiración. Pero tampoco obliga a fingir que la política funciona sin incentivos. La vivienda es un problema real y, precisamente por eso, es políticamente utilizable. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez.

De Sol a los barrios

Hay otro dato que merece atención. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha anunciado que este sábado no abandonará la acampada de la Puerta del Sol después de la manifestación. Su intención declarada es trasladar la protesta a barrios y casas, mediante comités y asambleas, y avanzar hacia una huelga general de alquileres. La precisión importa: no termina la acampada como forma concreta de protesta. La movilización pretende cambiar de escenario y pasar de una plaza visible a una estructura territorial. Una acampada produce imágenes, titulares y presión política. Una organización barrio a barrio plantea otra pregunta: ¿puede una protesta puntual convertirse en una estructura social permanente? Todavía no lo sabemos. Sí sabemos que la cuestión ha salido del Parlamento y ha entrado en la calle, los barrios y las asociaciones.

¿Y ahora las elecciones?

Tras la derrota parlamentaria ha cobrado fuerza la posibilidad de un adelanto electoral. Incluso ha circulado noviembre como horizonte. Pero conviene separar análisis y especulación. A fecha de hoy no hay una convocatoria electoral. Una legislatura puede entrar en una zona de riesgo sin que las urnas estén convocadas. Lo demás pertenece al cálculo partidista y al periodismo de anticipación.

La crisis del PSOE no empieza hoy

Mientras la vivienda ocupa el centro de la conversación, el PSOE llega a este momento con una mochila política y judicial más pesada. Los casos relacionados con José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán han golpeado al partido. Cerdán fue secretario de Organización del PSOE y su nombre quedó vinculado a la investigación del caso Koldo. Ábalos, antiguo secretario de Organización y exministro de Transportes, también ha quedado en el centro de esa causa. A ello se suman el desgaste parlamentario, las dificultades para aprobar los Presupuestos y las tensiones con algunos socios. No hace falta convertir todo eso en una explicación de la política española. Pero tampoco tiene sentido analizar la derrota de los decretos como si hubiera ocurrido en un vacío.

Y después aparece Zapatero

La situación tiene otra derivada para el PSOE: el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero está siendo investigado en el marco del caso Plus Ultra. El juez abrió una pieza separada para investigar posibles delitos fiscales y de contrabando relacionados con unas joyas encontradas en su despacho y valoradas inicialmente en alrededor de 1,3 millones de euros. El expresidente ha negado cualquier intervención ilícita en el rescate de Plus Ultra y ha defendido su inocencia. Sobre las joyas, ha explicado que fueron un regalo personal.

Una investigación judicial no equivale a una condena. La cuestión periodística consiste en observar cómo una investigación que afecta a una figura histórica del socialismo vuelve a colocar al partido ante un problema de explicaciones y credibilidad, sin anticipar responsabilidades que corresponde determinar a la justicia.

Pero hay una pregunta más incómoda

Mientras Congreso, Gobierno, oposición, Junts, organizaciones sociales y partidos discuten sobre vivienda, ¿qué ocurre con todo lo demás? España acaba de conocer un dato de inflación que debería preocupar bastante más de lo que probablemente ocupará los titulares de mañana. El INE sitúa el indicador adelantado del IPC de septiembre en el 4,9% interanual, seis décimas más que en agosto. La inflación subyacente se sitúa en el 3,1%. Un 4,9% no significa que todo cueste un 4,9% más que ayer. Significa que el nivel general de precios es un 4,9% superior al de un año antes. Cuando una familia lleva años acumulando alquiler, alimentación, energía, transporte y otros costes más elevados, la estadística mensual puede mejorar mientras su experiencia económica sigue siendo mala.

Y mientras tanto, Ceuta

Dos meses después de la entrada masiva de personas por la frontera del Tarajal, Ceuta continúa afrontando una situación excepcional y una presión extraordinaria sobre sus recursos de acogida y la atención a menores extranjeros no acompañados. No es un asunto menor. Tampoco debería convertirse en una simple herramienta de la pelea partidista. Ceuta es territorio español, frontera exterior de la Unión Europea y una ciudad con una realidad demográfica, económica y geográfica particular. Sin embargo, cuando Madrid entra en combustión parlamentaria, asuntos como este pueden pasar a segundo plano.

Eso también dice algo de nuestro sistema informativo.

El país no se detiene porque el Congreso vote

Este es quizá el punto central de esta trilogía. La política necesita focos. La realidad no. La vivienda seguirá siendo un problema mañana. La inflación seguirá afectando al bolsillo. Ceuta seguirá gestionando su situación. Los servicios públicos seguirán funcionando. Las familias seguirán pagando sus facturas. Los jóvenes seguirán preguntándose si pueden emanciparse. Una votación puede cambiar una ley, derribar un decreto, poner una legislatura contra las cuerdas o abrir un escenario electoral. Pero no cambia por sí sola las condiciones materiales del país.

Tres artículos y una misma pregunta

Si uno los tres textos publicados en Kambio Positivo, aparece una secuencia clara.

25 de septiembre: Maricarmen. Una persona concreta frente a un sistema jurídico y político. 28 de septiembre: la vivienda. Un problema estructural que no empezó con un Gobierno concreto ni terminará con otro. 2 de octubre: el Congreso. La vivienda convertida en campo de batalla parlamentario y, posiblemente, en argumento de una futura batalla electoral. Pero falta una cuarta pieza: la realidad que queda fuera de la fotografía. La inflación. Ceuta. La crisis interna del PSOE. El caso Zapatero. El coste de la vida. La energía. El empleo. Los servicios públicos. La inmigración. La seguridad. La deuda. El envejecimiento. Todo eso sigue existiendo, aunque durante cuarenta y ocho horas el país parezca reducido a una votación sobre dos decretos.

No se trata de quitar importancia a la vivienda

La vivienda importa. Mucho. Precisamente por eso hay que evitar convertirla en un cajón donde quepa todo. Maricarmen merece que se cuente su historia sin convertirla automáticamente en propaganda. Los inquilinos merecen protección cuando la necesitan. Los propietarios necesitan seguridad jurídica. Los jóvenes necesitan poder emanciparse. España necesita construir. Las ciudades necesitan planificar. Y el Estado necesita decidir cuánto dinero está dispuesto a dedicar realmente a vivienda pública.

Eso exige algo menos espectacular que una guerra de declaraciones: política pública sostenida durante años. Construir tarda. Reformar una administración tarda. Planificar suelo tarda. Resolver una frontera tarda. Reducir una inflación acumulada tarda. Mejorar un servicio público tarda. En cambio, una votación dura segundos y un titular, unas palabras.

La mirada del corresponsal

Quizá por eso un periodista que pretende mirar desde fuera del ruido tiene una obligación sencilla: no convertir una hipótesis en un hecho, una investigación judicial en una condena, una derrota parlamentaria en el final de una política o una cifra de inflación en la experiencia completa de una familia.

Y tampoco permitir que aquello que no está hoy en portada deje de existir. La pregunta no es solamente quién está utilizando la vivienda. Es también: ¿Quién está mirando todo lo demás mientras nosotros miramos la vivienda? La respuesta no la tiene un decreto ni una votación. Está en lo que ocurra después, cuando los focos cambien de lugar y descubramos si, debajo del ruido político, alguien ha empezado realmente a construir la casa que España lleva años necesitando.

Porque los decretos pueden caer. Los gobiernos pueden caer. Las legislaturas pueden caer. Pero los problemas permanecen. Y esa es, quizá, la noticia que menos titulares consigue.